Hace tres años se presentó el primer proyecto de Ley de Lucha contra el Cáncer, elaborado desde la ciudadanía, el cual fue vetado. En 2020, más de 15 000 personas fallecieron a causa de esta enfermedad en el Ecuador. La Red de Acuerdo Contra el Cáncer presenta cuatro pedidos a los presidenciables.
Los déficits actuales en el sistema de salud del Ecuador no son novedad. Con la pandemia se hicieron más notorios y se evidenció la urgencia de contar con un sistema fortalecido que esté en capacidad de atender todas las dolencias catastróficas.
Diego Jimbo, coordinador Nacional de la Red de Acuerdo Contra el Cáncer, presentó a los candidatos finalistas a la Presidencia de la República del Ecuador, cuyas elecciones serán el próximo 11 de abril, cuatro acciones prioritarias para ser incluidas en el futuro programa de gobierno. Son 11 organizaciones y seis entidades aliadas en 15 provincias del país, agrupadas con este objetivo, las que ya han realizado acercamientos con los asesores de los presidenciables.
Para elaborar el documento se incluyeron iniciativas ciudadanas, de agentes de cambio, por parte de los miembros de las organizaciones que conforman la red y varios actores. Esto refuerza su labor enfocada en “desarrollar proyectos para defender los derechos de los pacientes con cáncer y sus familias, visibilizar la problemática de una patología, que ha cobrado miles de vidas en el país y generar propuestas para el fortalecimiento de políticas públicas, que permitan controlar el crecimiento progresivo de la incidencia de esta enfermedad”, indica Jimbo.
El primer pedido consiste en garantizar un acceso efectivo y de calidad a la atención integral. El número existente de los establecimientos de salud en Ecuador es insuficiente, para compensar el crecimiento poblacional. Según datos del INEC, mientras que, en el 2000, había 2,86 establecimientos por cada 10 000 habitantes, en 2018 esta tasa se redujo a 2,45 por cada 10 000 habitantes. Lo ideal sería de cuatro a cinco por cada 10 000 habitantes. “Estos datos dependen de los distintos modelos de salud, que en cada país pueden variar”, aclara el galeno.
El financiamiento, transparencia y eficiencia en el Sistema Nacional de Salud es el segundo. Es importante que el Estado asegure la sostenibilidad de la atención a largo plazo con eficiencia en la distribución de recursos y cobertura presupuestaria, que atienda cada una de las necesidades con el direccionamiento adecuado y un presupuesto sectorizado. Y, en lo referente a las enfermedades catastróficas, que existan recursos asignados a un fondo común, para agilizar los trámites.
El tercero, la agilidad en la gobernanza. Es decir, decisiones y ejecución de procesos con prontitud, sobre la base de la transparencia e integridad, una eficiente asignación de recursos y capacidad política para transformar las ideas en acciones viables y la correcta rendición de cuentas. La Constitución del Estado determina que el sector salud debería recibir el 4% del PIB. En 2019, el presupuesto asignado fue del 2,6% y en 2020 del 2,7%.
La digitalización de la salud es el último. La Red de Acuerdo Contra el Cáncer solicita un sistema moderno, con una base de datos unificada e integral, que considere a la salud con un enfoque biopsicosocial (modelo participativo de salud y enfermedad, que incluye a los factores biológico, psicológico y social como parte de la actividad humana). Este sistema de salud integrado deberá consolidar la información entre lo público y privado, con estadísticas que guíen las investigaciones científicas, planificación y efectiva toma de decisiones, sobre todo en el uso de las técnicas. El objetivo es juntar los datos de los prestadores de servicio, para tener un acceso acertado a la información básica del paciente, en cualquier lugar del país.
